Usualmente se habla de ‘ausencia’ al describir la posición del Estado Colombiano en el Pacífico Colombiano; sin embargo las comunidades de la región se refieren a una ‘presencia selectiva’ donde el Estado presta atención a ciertos segmentos de la población, o a ciertas actividades, pero no a garantizar condiciones esenciales de vida. Es así como se evidencia una activa y decidida participación en la fumigación de cultivos ilícitos por ejemplo, y el abandono completo de instituciones educativas, de salud pública, de vías adecuadas de acceso dentro y fuera del municipio, o de inversión cultural que permita la preservación de sus tradiciones y la creación de oportunidades artísticas y productivas para la población.
No hay programas de formación en educación superior, de manera que quienes terminan secundaria (y cuenten con los recursos), deben trasladarse a ciudades como Cali, Popayán, Neiva, o Bogotá para estudiar. Las oportunidades de empleo son mínimas, en tanto el hospital en el casco urbano es descrito como “puesto de salud” en condiciones deplorables. Para un tratamiento básico de salud, hay que desplazarse a Buenaventura o Cali y desde las zonas rurales, se debe agregar el trayecto desde las veredas y corregimientos del municipio al casco urbano.
La Casa de la Cultura se encuentra prácticamente abandonada; las actividades artísticas y culturales son esporádicas y dependen en su totalidad del alcalde de turno. La sede es utilizada para realizar reuniones del plan de desarrollo y encuentros comunitarios, hasta los ensayos de grupos artísticos los cuales muchas veces son cancelados a ultimo momento para la realización de actividades no culturales.
Por su parte, un número significativo de la población vive de la medicina y cocina tradicional, de la preparación de bebidas tradicionales que venden de manera comercial y para consumo propio, al igual que la producción de productos medicinales y cosméticos como Samzará. La fumigación de cultivos ilícitos afecta estas actividades que a su vez son lideradas por mujeres, en su mayoría. La fumigación con glifosato promovida durante el Plan Colombia y retomada en el actual gobierno de Ivan Duque, afecta notablemente la calidad de vida de las y los habitantes de Guapi, en beneficio de multinacionales productoras del químico, cuyo uso está prohibido en varios países; entorpeciendo a su vez las posibilidades económicas jalonadas por las mujeres de la zona.
“El glifosato es lo más espantoso que nos ha pasado. En 2008, a causa de eso, nuestra producción integral se vino a pique en un 100%, se acabaron las parcelas y nuestra siembra de colinos. Aunque el dolor fue inimaginable, nos levantamos e ideamos nuevas formas de seguir produciendo para nuestra comunidad” (Aura González).